La decisión inaceptable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 22 de febrero 2018 que allana el camino para que las empresas despidan “legalmente” a trabajadoras embarazadas, confirma la cara espantosa de la política antiobrera de la UE y la gran hipocresía de la alianza depredadora que se presenta como supuestoprotector de los derechos sociales, de la maternidad y de las personas más vulnerables.
En respuesta a la petición de un tribunal español, el TJUE consideró “legal” el despido de una mujer embarazada de una empresa española en 2013, en el marco de los despidos colectivos realizados por el empleador. Mientras tanto, en base al razonamiento provocativo de que se permite el despido de una trabajadora embarazada si la razón del despido no es el embarazo en sí, el TJUE abre el camino para un lanzamiento generalizado de despidos de las mujeres embarazadas, algo que ya están promoviendo las grandes empresas.