Tres trabajadores subcontratados se encontraron cara a cara con la muerte en una mina de la Compañía de Electricidad (DEI) en Kozani, mientras intentaban reparar una máquina pesada. En Patras, un trabajador de 50 años perdió un dedo en una prensa, y en Pérama un hombre de 62 años sufrió graves lesiones all quedar atrapada su pierna bajo una excavadora de orugas.
La guinda del pastel fue la denuncia de la Asociación de Empleados del Comercio Minorista de Atenas que, en pocos meses, al menos catorce trabajadores han sufrido lesiones en tiendas de equipamiento doméstico.
Estos son solo algunos de los crímenes cotidianos del Estado y de la patronal que recoge el diario “Rizospastis”, en base a las denuncias de los propios trabajadores y de sus sindicatos.
Es evidente que se producen muchos más “accidentes” en los centros de trabajo, pero pasan desapercibidos, ya sea porque los empleadores los ocultan o porque se chantajea a los trabajadores para que no los denuncien.
La situación es incontrolable debido a las leyes antiobreras del gobierno actual y de todos los gobiernos anteriores. La intensificación del trabajo, la erosión de la jornada laboral y de las relaciones laborales, las jornadas de trece horas y los salarios de miseria constituyen la “tormenta perfecta” para el aumento de los crímenes de la patronal, muchos de los cuales son graves o mortales.
Y aunque los sindicatos denuncien algún incidente cada día, el gobierno y el Estado solo escuchan a la gran patronal, que exige que las inspecciones de medidas de salud y seguridad laboral por parte de los organismos competentes se sometan aún más a su rentabilidad.
En esencia. dan un paso que ya era previsible. Esto lo confirma el proyecto de ley que presenta el gobierno, que supone un paso más hacia la plena degradación de la Inspección de Trabajo y su conversión en un órgano que actúa de acuerdo con los intereses de la patronal.
El proyecto de ley, entre sus numerosas disposiciones destinadas a potenciar y facilitar las inversiones, reactiva una ley anterior, aprobada por el gobierno de SYRIZA en 2018, con el amplio apoyo de los partidos burgueses, como requisito previo de los memorandos. El consenso es evidente: los partidos burgueses se reúnen y se alinean con las decisiones antiobreras que sirven a los intereses estratégicos de la patronal, como es la exención del coste de la salud y la seguridad, que se traslada cada vez más a los hombros de los trabajadores bajo el pretexto de la responsabilidad individual.
Para los trabajadores que se lesionan en el trabajo o ven cómo sus compañeros fallecen a su lado, leer en el proyecto de ley que el criterio de funcionamiento de la Inspección de Trabajo —que ahora es una “autoridad independiente” — es “la elección de medidas que impliquen el menor coste posible para las autoridades y las empresas inspeccionadas”, es una provocación.
¿Qué significa esto? Inclsuso si la inspección supere mil obstáculos, aunque se detecten deficiencias e infracciones, el “cumplimiento” debe ser “lo suficiente” para no perjudicar la competitividad y la rentabilidad. Es decir, un sinfín de concesiones para la patronal, que el proyecto de ley incluso le concede el derecho a rechazar o detener la inspección.
No hace falta ser adivino para saber a qué conducirá esto. Es muy reciente el crimen en “Violanda” donde cinco trabajadoras perdieron la vida en la galletería que se había convertido en cámara de gases. En dicha empresa la patronal sabía de la fuga de propano que provocó la explosión, pero no hizo nada al respecto. En la empresa se habían creado condiciones de silencio y aislamiento que privaba a los trabajadores de la posibilidad de hacer sus denuncias y buscar apoyo.
El propio proyecto de ley confirma que detrás de los crímenes de la patronal se encuentra la búsqueda de beneficios; los autores de estos crímenes son el capital y su Estado, que lo exime incluso de las mínimas inspecciones formales. La defensa de la salud, la seguridad y la propia vida de los trabajadores tiene lugar en el terreno de la lucha de clases. Por eso hay que enfrentarse a la política de beneficio, que considera como un gasto incluso las medidas más elementales.
Contra esta política criminal, es necesario lanzar una contraofensiva aún más fuerte, organizada a través de los sindicatos, exigiendo no solo lo obvio, que los trabajadores regresen sanos y salvos del trabajo, sino también toda la riqueza que producen, frente al podrido sistema de explotación, que, en ara de los beneficios, comete los mayores crímenes”.
